Representantes del régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, confirmaron el pasado jueves 6 de julio que al menos nueve líneas de los teléfonos celulares pertenecientes a los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, estuvieron activas después del ataque.

En su “verdad histórica” sobre el caso, el régimen peñista aseguró permanentemente que los normalistas habían sido incinerados con todas sus pertenencias, por lo que las líneas telefónicas no podrían haber registrado actividad alguna. De esta manera, el propio régimen confirma lo que investigadores independientes señalaron desde un principio: la hipótesis defendida a capa y espada por el régimen, es mentira.

Durante la audiencia sobre el caso Ayotzinapa realizada el pasado jueves, en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de los normalistas desaparecidos señalaron que las declaraciones de los funcionarios echan abajo la “verdad histórica” y exigieron respuestas sobre el paradero de los 43 jóvenes.

En tal sentido, Roberto Campa Cifrián, “subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, recetó por enésima vez atole con el dedo a los familiares, asegurando que “el caso de Ayotzinapa para nada está cerrado y que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las que recomendó” el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Cabe recordar que en abril del año pasado, el GIEI presentó su informe final sobre las investigaciones que realizó en nuestro país sobre la desaparición de los 43 normalistas, concluyendo, entre otros aspectos fundamentales, que el régimen usurpador de Peña Nieto era el principal obstáculo  para saber qué pasó realmente con los normalistas.

Según los expertos de ese grupo interdisciplinario formado por la CIDH, hasta el momento no es posible determinar el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, debido al sabotaje “oficial” en la investigación mediante “fallas” deliberadas, demoras o negativa en la entrega de información, entre otras tácticas mañosas.

Asimismo, a la fecha no ha sido posible entrevistar a los militares del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, cercano al lugar de la desaparición de los normalistas, debido a que el régimen usurpador a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a colaborar en tal sentido.

Los expertos del GIEI permanecieron en nuestro país hasta el 30 de abril de 2016, día en que concluyó su intervención en el caso Ayotzinapa por decisión unilteral del espuriato peñista. Recientemente se reveló que los investigadores del GIEI también fueron espiados ilegalmente por el régimen usurpador de Peña Nieto.

Fuente: https://notigodinez.com

 

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