Por Víctor Luis González

En una entrega anterior iniciamos la revisión de las condiciones que organismos dependientes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) imponen a países como el nuestro, con la finalidad de “asistirlos” financieramente.

     En una entrevista realizada por la revista Proceso (2098) al investigador interdisciplinario de la UNAM, John Saxe-Fernández, que a su vez cita al premio Nobel de economía 2001, Joseph Stiglitz y su dicho acerca de cuatro condiciones para realizar tal asistencia, se menciona, en primer lugar la privatización de los bienes nacionales y el soborno del 10% que los gobiernos reciben por “legitimar” las enajenaciones.

     El resto de las cuatro condiciones, siempre partiendo de la entrevista realizada por Proceso, son: desregulación del mercado de capitales; regulación de los precios por el mercado; y la implementación de estrategias para la reducción de la pobreza, lo cual, en la práctica, se ha limitado a una administración de la pobreza, hecho que la perpetúa e incluso le ha permitido crecer, como ha podido observarse en los últimos treinta años.

     Analicemos un poco las consecuencias de estas tres últimas condiciones para mantener las líneas de crédito a las naciones empobrecidas y dependientes.

     La desregulación financiera o del mercado de capitales permite que las inversiones entren y salgan del país, y que incluso sea posible especular con la moneda nacional. En México ha sido tradición que por cada dólar invertido, salgan del país 5 y más dólares, lo cual incide de manera negativa en la inversión productiva, es decir, la que da empleo y oportunidades de desarrollo humano. Asimismo, para nadie está oculto lo rápidamente que nuestra moneda se está desvalorizando, y por si fuera poco, cada vez que el Banco de México ha intervenido sacando dólares de las reservas al mercado, estos desaparecen sin que por ello se reduzcan las presiones devaluatorias.

    Por otra parte, la condición número tres, regulación de los precios por el mercado, exige la eliminación de subsidios (el único instrumento para repartir la riqueza que subsistía en México) y el pago de precios reales de productos, bienes y servicios, de aquí que se busque la privatización del agua, la aparición de los gasolinazos, el aumento desmedido de electricidad, predial, etcétera. Atención: se exige el pago de precios reales a una población cuyos salarios no sólo han estado congelados por décadas, sino que incluso se han visto reducidos. El salario de la clase media con estudios de postgrado, por ejemplo, ha caído, de 24 mil pesos mensuales en 2005 a 14 mil 800 en 2016; el de aquellos que sólo cursaron primaria y secundaria cayó de 5 mil a 3 mil en el mismo periodo (La Jornada, 17/02/13)

     Finalmente, y puesto que los organismos internacionales prestadores de dinero no quieren pasar por bad hombres, está la condición a los gobiernos de los países deudores de establecer programas de reducción de la pobreza, lo cual hemos comentado en líneas anteriores.

     “Todo ello irrita a la población, que quizá participe en movilizaciones sociales que Stiglitz denomina ‘disturbios del FMI’. Ahí el BM recomienda simplemente enfrentar las protestas con firmeza política”. (Proceso 2098, 19)

     Ya sabemos cuál es la traducción al mexicano de “firmeza política”. No es raro entonces que quiera aprobarse una ley de seguridad interna, que dé a los militares carta blanca contra la población, y quiera ponerse en práctica antes de las elecciones del 2018.

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