Por Víctor Luis González

Muchos de nosotros lo sospechábamos, cuando no era una certeza. Los gobernantes, especialmente los presidentes, obtienen una sustancial tajada por todo aquello que ceden de las riquezas nacionales a las empresas de la oligarquía interna y externa.

     En reciente entrevista para Proceso (2098), el académico John Saxe-Fernández, refuerza la percepción de los mexicanos con respecto al origen de la fortuna de los presidentes y sus cohortes, además de la corrupción y “otras busquitas en el gobierno” como diría Susanito Peñafiel y Somellera, el personaje de Joaquín Pardavé en la cinta México de mis Recuerdos, evocadora del Porfiriato.

     El académico, citando a su vez a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, menciona en esta entrevista cuáles han sido las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar créditos a países como México.

     La primera de estas condiciones es nada menos que la privatización de bienes nacionales. Stiglitz, según Saxe-Fernández, llama a esta privatización “sobornización”, ya que “los funcionarios involucrados, del presidente a los ministros o secretarios de Estado, reciben 10% en depósito en una cuenta suiza ¡y es legal!”

     Imaginemos la fortuna que los presidentes, de Salinas de Gortari a Peña Nieto, han amasado en más de treinta años de privatizar los bienes de la nación. En este tiempo, cientos de empresas públicas —Altos Hornos de México, Ferrocarriles Nacionales, Teléfonos de México, muy pronto, PEMEX— han sido enajenadas. Instrumentos que no sólo servían como entes productivos, sino que pudieron haber servido para la distribución de la riqueza mediante empleo bien remunerado, precios razonables, mayor inversión y salud hacendaria, en manos privadas han sido herramientas para el enriquecimiento de unos cuantos, con beneficios demasiado mediocres para el país.

     Pensemos sólo en la fortuna que debe de estar a nombre de Salinas de Gortari, por más que diga, en su defensa, que se trata de “política ficción”. Incluso, no conforme con sus 10% en cada transacción con bienes del pueblo (y de haberse robado la partida secreta durante su tiempo en la presidencia —ahora, ni modo de pedirle confirmación al cadáver de Miguel de la Madrid), se sabe de su costumbre de reunir industriales y empresarios para pasarles la charola con fines nunca claros. Ni hablar de lo amasado por su hermano “incómodo”, su evidente prestanombres, cuyo apodo fue precisamente El Diez por Ciento, monto que, según Eduardo Galeano en su Mundo al Revés, era lo que Carlos pagaba a Raúl por dar la cara en algunos negocitos.

     Podríamos completar muchas páginas escribiendo acerca de estos personajes públicos y sus riquezas, pero a muchos lectores no se les contaría nada nuevo. Los menos enterados, por su parte, están llenos de intuiciones y suelen ya no creer las viejas justificaciones del poder para privatizar (“hay que adelgazar el Estado”, “las empresas le salen caras al gobierno”, “todo funciona mejor en manos privadas”) aun recursos nacionales como el petróleo y el agua. Por lo tanto demos una revisión a otras de las condiciones impuestas por el FMI, el BM y el BID —organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— para asistir con préstamos a las naciones. Pero, por cuestiones de espacio, esta revisión tendrá que esperar a una próxima entrega.

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