La conformación del gabinete del presidente Peña Nieto no ha sido asertiva. Es probable que se haya debido, entre otros factores, a todos los compromisos políticos que adquirió desde el inicio de su mandato. El presidente no dudó en repetir en gobierno federal a una buena parte del equipo con el que trabajó durante su gestión como gobernador del Estado de México. Por ello es posible, que su experiencia y eficacia sea sólo local y no nacional. Ello nos permite ver que la composición social de sus colaboradores no está asociada sólo a su filiación al PRI, tampoco se trata de líderes tradicionales del corporativismo. Su gabinete es una mezcla de tecnócratas, ajenos al oficio político coaligados a otros funcionarios de pasadas administraciones. La identidad de su equipo es plural y su mayor característica es que se sujeta a un líder tradicional, cuyo pasó por la administración pública ha sido una experiencia local. Enrique Peña Nieto es un digno representante de la élite priista estatal más poderosa: la del Estado de México.

Su carrera política se hizo en las lides de provincia. Pertenece a la élite más influyente en gobierno federal por su ubicación estratégica. Fue en 1999, Subsecretario de Gobierno en la Administración de César Camacho, en el 2000 Secretario de Administración con el gobernador Arturo Montiel,  en 2003 diputado del Estado de México y líder del Congreso, en el 2009 Gobernador de su Estado, siendo oposición al partido acción nacional, que gobernó en ese momento. Su lealtad a las formas priistas de control interno lo han llevado a ciertas posiciones políticas, que para algunos (1) son de regreso autoritario. Sin embargo, sus recursos humanos no han sido un gran apoyo, por el contrario su desconocimiento de las funciones estatales a nivel nacional  ha significado un alto costo político para su gobierno.  No han sido  los mejores individuos desempeñando funciones de Estado. Presidencia en cuatro años ha realizado menos de 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales (2).

Los errores de sus colaboradores se asocian a la corrupción, a la incapacidad y a la falta de negociación. Los nombres de; Luis Videgaray Caso -SHCP-, Jesus Murillo Karam-PGR-, Virgilio Andrade Martínez –Función Pública-  Alfredo Castillo –CONADE-, Aurelio Nuño Mayer –SEP-  Luis Enrique Miranda Nava –SEDESOL- han  descreditado por algún escándalo al endeble gabinete. Cuando los cambios han sido interministeriales, los enroques  también se han cuestionado por las altas liquidaciones, como fue el caso del actual Presidente del tricolor, Enrique Ochoa Reza. La composición del equipo de trabajo del presidente desde el inicio, se vio como un intento de recomponer e integrar a los priistas tradicionales como él mismo es y a los militantes tecnócratas. La mezcla no ha sido muy afortunada a pesar de haber iniciado con la “histórica reforma energética” que como proyecto cambiaría el panorama económico, y por lo tanto, la dinámica social del sexenio, cuyo resultado a estas alturas es más nominal que visible.

Sí a eso agregamos la escandalosa cantidad de gobernadores que han dejado en  bancarrota a sus Estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Nuevo León,  Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo  entenderemos por qué  existe en la opinión pública la idea que Gobierno Federal es su cómplice y los solapa porque no investiga, ni sanciona con el pretexto de ser respetuoso del federalismo. Ese reclamo no es una vieja añoranza del autoritarismo, es una necesidad de toda democracia; la rendición de cuentas.

 A dos años de finalizar su administración, el presidente Peña y sus colaboradores están desaprobados en su gestión de acuerdo a la encuestadora Parametría, con excepción de quien fuera el primer Secretario de Cultura, Rafael Tovar y Teresa. Es muy probable que por su visión institucional y su actitud incluyentista su partida sea muy sensible para este gobierno, pues pierde un experimentado interlocutor con los intelectuales y los artistas además abre un espacio para un relevo que parece complicado dado el perfil del gobierno actual. Los actuales servidores públicos que deciden a pesar de tener muchos diplomas de alta especialidad politológica en grandes universidades, desconocen en la práctica, que es el Estado quien dirime los conflictos; a través del oficio de la negociación para llegar a acuerdos y elaborar políticas públicas.

 La visión opuesta sería que la opacidad del gabinete sea un artificio que oculte y   resguarde la imagen presidencial inmovilizada por  temor a la impotencia de no poder resolver los problemas actuales además de todas las promesas que firmadas ante notario público, que hizo en su campaña Enrique Peña Nieto. Es de dominio público que el presidencialismo mexicano se apoya en reglas no escritas que son observadas con total disciplina por los subordinados del presidente.

Como consecuencia, los conductos institucionales están detenidos por la pasividad del primer mandatario. Por ello, quizá la maquinaria operativa esta parada y en espera de un liderazgo que dé certidumbre a la existencia burocrática. Los mandos de la administración pública están paralizados. Ante su experiencia para recibir y asumir la protesta sin judicializarla se opone la disciplina. El tiempo sigue su marcha histórica para este gobierno. Vulnerar la eficiencia de las instituciones equivale a fragilizar el sistema que lo sostiene y que forma parte de su naturaleza.

 La gobernabilidad exige reconocer la legitimidad de la oposición, la resistencia y  crítica de las acciones de gobierno. Lo que no es posible, es el vacío o la pasividad gubernamental. Se trata de ejercer las habilidades del presidente o de su gabinete para generar acciones, facultades y respuestas. La crisis de institucionalidad que atravesamos en México tiene como origen, además de otros factores, la relación con la autoridad que suponíamos había cambiado con la alternancia. Pero lo cierto es que tanto a los gobiernos de la transición como al actual no se les ha dejado de ver más que cómo, autoridades corrosivas, de control, de sometimiento y robo. Sí el PRI convocó electoralmente en  2012 fue por su capital pasado de estabilidad y desarrollo, así como por la profunda necesidad de detener la inseguridad provocada por el narco y los militares en funciones de civiles que dejó el gobierno de Felipe Calderón.

 La credibilidad del cambio político se esfumó porque no hay consenso, ni energía en la clase política para reformar el sistema judicial, para erradicar la desigualdad, para oponerse frente a las ofensas y amenazas del extranjero.

Bibliografía

1) John Ackerman, El mito de la transición, Edt. Problemas de hoy, 2015 pp 21.

2) Proceso  2093/11-12-16 p6.

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